Río de Janeiro, Brasil.- El alto comisionado de Naciones Unidos (ONU) para los derechos humanos manifestó este miércoles su "preocupación" por la decisión del gobierno brasileño de entregar el control de la seguridad de Rio de Janeiro a los militares, mientras 900 uniformados hacían un nuevo operativo en una favela. 

"Estoy preocupado con la reciente adopción de un decreto que da a las fuerzas armadas la autoridad para combatir el crimen en el estado de Rio y coloca a la policía bajo el comando del ejército", dijo el alto comisionado Zeid Ra'ad Al Hussein desde Ginebra, reseñó AFP.

"Las fuerzas armadas no están especializadas en seguridad pública o en investigación", remarcó. 

Las declaraciones se dieron el mismo día en que el ejército volvió a la favela de Vila Kennedy, al oeste de Rio, en la tercera operación desde que Temer decretó la intervención en febrero. 

Con apoyo de blindados, aeronaves y equipos pesados de ingeniería, los militares entraron a esa comunidad empobrecida para su "estabilización" y la "desobstrucción de calles", informó el comando a cargo de la seguridad en el estado sin descartar detenciones. 

Los militares ya estuvieron el sábado en Vila Kennedy para retirar las barricadas colocadas por los traficantes en plena calle para obstruir el paso, pero éstas reaparecieron poco después de que se fuera el contingente. 

En una plaza de la favela donde hay un mercado pequeño llegaron decenas de soldados fuertemente armados junto a un vehículo blindado y, en una de las calles principales, otros tantos militares iban parando a personas que circulaban en moto para controles de identificación, constató la AFP. 

"Cuando los militares están aquí, la situación se tranquiliza, pero cuando se van, vuelve el infierno. El gobierno debería tener otras prioridades como mejorar la educación para que los jóvenes no vean el tráfico como la única opción", dice Rosanne Pinheiro, vendedora de un quiosco de periódicos de 49 años. 

"Ni me acuerdo de las veces que me tuve que esconder porque los tiroteos estallaban", cuenta, mientras muestra un impacto de bala en la pared metálica de su quiosco. Foto: EFE

"Amnistía"

Vila Kennedy ya tuvo un operativo el pasado 23 de febrero en el marco del anterior esquema de Garantía de la Ley y el Orden, que desde julio del año pasado envió a 8.500 soldados a Rio para apoyar a las fuerzas policiales. 

En ese caso, más de 3.200 uniformados entraron en la favela y generaron polémica al obligar a los vecinos a pararse y tomarse fotos con su cédula de identidad para verificar que no estuvieran buscados por la justicia. Varias ONG consideran que con esta medida se estaba "fichando" a las personas.  

"No es ilegal lo que hicimos. Nadie está fichando a nadie en las favelas, no nos quedamos con las fotos", dijo el interventor, el general Walter Souza Braga Netto, en una entrevista con GloboNews, asegurando que es una forma de "economizar" tiempo y recursos para detectar posibles prófugos. 

La intervención del área de seguridad de Rio fue ordenada por Temer para detener "la metástasis" de violencia que se desató tras los Juegos Olímpicos 2016, mayormente vinculada al narcotráfico. 

La medida, sin antecedentes desde el retorno de la democracia en 1985, fue criticada por defensores de los derechos humanos, que temen que durante las operaciones se cometan abusos contra los habitantes de esas barriadas pobres. 

"Si usted observa las operaciones anteriores, todas las veces que nosotros entramos en las favelas, no hay prácticamente enfrentamientos", sostuvo Braga Netto.  

Entretanto, una ley de octubre pasado estipula que los soldados que cometan crímenes contra civiles deben ser juzgados por tribunales militares. 

El alto comisionado de la ONU rechazó unas declaraciones hechas recientemente por el general en jefe del Ejército, Eduardo Villas Boas, que dijo que quería "garantías para poder actuar sin el riesgo de que surja una nueva Comisión de la Verdad", como la que examinó los crímenes de la dictadura militar (1964-1985). 

"Condeno los llamados de oficiales de alto rango del ejército para gozar de medidas que equivalen, en realidad, a una amnistía preventiva para cualquier tropa que cometa violaciones de derechos humanos", manifestó Al Hussein.